La visita del presidente francés Francois Hollande fue un paso decisivo en el regreso del país al mundo, que (nadie sabe bien por qué) nos sigue esperando. Un hecho tan auspicioso obliga a repasar la agenda de temas pendientes, algunos muy frescos, que afectan a la cadena agroindustrial.

La semana pasada, precisamente, hablamos de la paradoja del “valor agregado en origen”. Y mencionábamos el caso del aceite de girasol, un producto emblemático de la Argentina, que durante muchos años peleó los primeros lugares en el podio global. Y que ahora está severamente jaqueado. Vamos a profundizar un poco.

Desde siempre, la vieja Europa puso toda clase de trabas para el ingreso de aceite de girasol argentino. En los últimos años, encontraron una perlita y cerraron filas atrás de ella: la detección de vestigios de un insecticida, el diclorvós, en el aceite crudo argentino. Hace más de diez años, la UE bajó prácticamente a cero la tolerancia para esta molécula, muy eficaz para el control de insectos en post cosecha.

Desde hace tiempo, la cadena local del girasol, coordinada por Asagir, viene planteando la necesidad de evitar su uso, sustituyéndolo por otros como el Fosfuro de aluminio. Pero estos productos son más difíciles de manipular, ya que requieren de hermeticidad en los silos y obligan a un “período de carencia” mínimo de cinco días. Esto significa que la semilla no puede moverse antes de ese lapso, lo que complica a los acopiadores.

El diclorvós es liposoluble, aunque muy volátil. Está en la semilla. Cuando se extrae el aceite, se lleva consigo los vestigios del insecticida.  Un solo camión que lleve mercadería tratada puede generar residuos en una enorme partida de aceite. Pero en el proceso de refinado, estos vestigios desaparecen totalmente. En el aire se degrada instantáneamente a compuestos intermedios inertes, que también se degradan enseguida.

La UE traba con aranceles muy altos el ingreso de aceite refinado. Pretenden el “valor agregado en destino”, así como China lo hace con la soja: no quieren comprar harina y aceite, sino el poroto para procesarlo allá. Todo el mundo quiere lo mismo. Los contrarios también juegan. La industria que procesa girasol en la Argentina se encontraba frente a una encrucijada: no podía vender aceite crudo al atractivo mercado europeo, por la cuestión del diclorvós, pero tampoco podía entrar con el refinado, sin vestigios del insecticida.

Sigamos.

La administración Macri cumplió con lo prometido y llevó a cero los derechos de exportación del girasol, una promesa de campaña. Y apareció de pronto la demanda europea por semilla de girasol para alimentar su propia industria de crushing. Y no es moco de pavo: decíamos la semana pasada que ya hay vendidas 400.000 toneladas de la oleaginosa, lo que está dejando sin materia prima a las principales plantas del país. La mayor parte de ellas, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, principal zona productora y de convergencia del girasol.

La situación es altamente riesgosa, no solo por la pérdida de empleo y actividad en el interior. Lo más grave es lo que puede pasar cuando la mercadería llegue a destino. La autoridad sanitaria europea sabe que la semilla puede contener el insecticida. Puede que hagan la vista gorda, porque saben que no hay riesgo para la salud ya que a la góndola llega refinado. Pero mientras tanto, la Argentina tiene que pagar más cara la semilla, y salir a vender con descuento en terceros países, en muchos casos compitiendo con el aceite de girasol elaborado en, por ejemplo, la Francia de Hollande, con girasol argentino.

La plausible idea “del campo a la góndola” y del “valor agregado en origen” se convierte en “valor agregado en destino”. Hace falta sintonía fina.