"Retenciones, el mal mayor" Editorial de Héctor Huergo en Clarín Rural 14/03/2015
Han sido tantos los dislates del kirchnerismo en materia agropecuaria, que para muchos la cuestión de las retenciones pasaron a ser un mal menor. Disparate conceptual, porque es la mayor de las distorsiones y la de más grave afectación.
Conviene recordar que las retenciones son derechos de exportación, absurdos para un país que se desgañita hablando de “sustitución de importaciones” para mejorar su balanza comercial.
La estrategia es archiconocida, porque en 90 de los últimos 100 años hicimos lo mismo, con el resultado conocido.
Los derechos de exportación alteran la relación insumo/producto. Hacen falta más unidades de producto para pagar una unidad de insumo o bien de capital para producirlo. Más kilos de maíz para pagar uno de fertilizante. Más kilos de soja para pagar una sembradora. En otras palabras, afectan el flujo de tecnología.
Pruebas al canto: en los últimos años, se advierte una tendencia negativa en el proceso de intensificación que arrancó en los 90, precisamente cuando el “uno a uno” significó el mismo dólar para comprar que para vender.
Tras un traumático período de incubación, en 1997 comenzó el despegue, y la cosecha creció a un ritmo de más de cuatro millones de toneladas por año durante diez años.
El maíz, el cultivo más sensible a la tecnología, promediaba un rinde de 35 quintales en los 90. Ahora supera los 80. Y los productores de punta lo duplican, a pesar de que uno de cada cinco camiones es apresado al llegar al puerto, con el flete ya pagado por el chacarero. Al trigo le va peor: uno de cada cuatro. Y ni hablar de la soja: cada tres barcos, uno hundido.
La mayor parte de los políticos de la oposición se ha manifestado en contra de esta exacción. Sin embargo, han remarcado la necesidad de “prudencia”, en particular con la soja. Temen por el eventual desfinanciamiento del Estado, en un panorama fiscal tremendamente complejo.
Si no hay un reclamo muy fuerte de toda la cadena, los derechos de exportación quedarán consagrados irremediablemente, y hasta se corre el riesgo de que se los legalice (hoy son claramente inconstitucionales).
Los economistas de los futuros gobernantes sostienen que con la eliminación del desdoblamiento cambiario ya tendrían suficiente beneficio.
La tan denostada soja, a la que ahora demonizan también por las inundaciones de algunos pueblos de Córdoba, es el gran botín. Tributa el 35%, que permitirían recaudar 8.000 millones de dólares/año. Tentador, fácil. Pero es una captura injusta y dolorosa para el sector, que paga todo el interior.
Existen alternativas que permiten combinar su eliminación, con todos los efectos saludables sobre la producción futura, con el objetivo de solvencia fiscal.
Orlando Ferreres recuerda que así sucedió en 1991, cuando se eliminaron. Pero para otros sería una suerte de salto al vacío, y proponen una transición gradual.
El Pro, por ejemplo, plantea una reducción de 5% por año, con lo que llevaría siete años eliminarlas or completo.
Otros proponen convertirlas en un anticipo de ganancias. Es correcto. También hay quien sugiere pagar el “precio lleno”, es decir, la eliminación lisa y llana de los derechos de exportación.
Pero este precio lleno se pagaría con dos instrumentos: un 70% en pesos o dólares, y otro 30% en un bono valor soja, a 10 años y sin interés alguno. Es pasar de la exacción, lisa y llana, a un reconocimiento de precio lleno pero con una especie de ahorro forzoso.
Con esos papeles se podrían autorizar pagos fiscales, cancelación de créditos especiales (por ejemplo, equipos de riego, drenaje, el IVA de algunos insumos críticos como los fertilizantes, retención de vientres o animales en engorde para aumentar el peso de faena, etc).
O lo que se les ocurra, con tal de terminar con una rémora que sólo se justifica en el cortoplacismo de los afanes políticos.
