"Defender con más energía"
"Editorial del Ing. Agr. Héctor A. Huergo en Clarín Rural del 10 de septiembre de 2016"
Cosecha récord de maíz y soja en los Estados Unidos. Stocks finales que crecen. Precios que ya no son lo que eran. Imaginemos lo que estaría sucediendo si la administración Macri no hubiese eliminado los derechos de exportación y las restricciones al maíz (también al trigo), ni reducido un 15% (del 35 al 30%) las de soja. Una debacle, con efectos sobre toda la economía.
Lo primero que arrancó, tras la asunción del nuevo gobierno, es la industria automotriz, motorizada por las camionetas. Al igual que en 2002: llegó la cosecha gruesa y con ella se activó la demanda de chatas. Hoy es el vehículo más vendido, por todo concepto. Y ya no es la industria petrolera, muy importante mientras duró la quimera del shale. Las inversiones en exploración se derrumbaron y la industria del petróleo se mantiene sobre la base de subsidios con endeble base de sustentación.
También se reactivó la industria de maquinaria agrícola, fuerte demandante de acero, pintura, rulemanes, electrónica. Empresas líderes como Agrometal, al borde del colapso un año atrás, ahora tuvieron que suspender ventas. Están al límite en horas extra. La acción de la compañía, en febrero de 2015 tocó el piso de $1,80. Ahora vale $18,00. Se multiplicó por diez y es la mejor performance en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Ahora la escena está surcada por rumores de que el gobierno incumpliría su promesa de campaña respecto a seguir bajando los derechos de exportación de la soja. El mercado espera el anuncio oficial sobre la reducción de otros 5 puntos, para dejarlos en el 25% (lo que de todas maneras es un disparate). El argumento sería la complicación fiscal originada en el fracaso de la política energética, al no poder actualizar las tarifas. A los precios de hoy, son unos 800 millones de dólares que la cadena sojera transferiría a la Nación, para cubrir parte de la fiesta eléctrica.
Esta fiesta se sustenta, hasta hoy, en fuentes convencionales. La Argentina es uno de los países más “sucios” del mundo en materia de generación eléctrica. Es cierto que el gobierno, cuya política energética está en manos de expertos en el viejo paradigma petrolero, tiene la intención de introducir las fuentes renovables. De hecho, el lunes pasado se cerró la primera etapa de una licitación, con plausibles resultados.
Pero es evidente el sesgo hacia la generación eólica y solar, con muy poco entusiasmo por las fuentes de origen biológico (biogás, biomasa). Tan solo se licitaron 15 MW, el 1,5% de un total de 1.000 MW.
Esta misma semana, en Bergheim-Paffendor, Alemania, se inauguró una nueva planta de biogás, con una capacidad de 7,4 MW. Va a usar un mix de silo de maíz, remolacha, pasto, alfalfa y bosta, además de cultivos energéticos experimentales como Silphium perfoliatum y hasta flores silvestres. Cumplirá, además de un rol energético, una función de saneamiento ambiental, al tratar efluentes de explotaciones ganaderas.
Pero aquí, la ostensible negación de la bioenergía terminó minando el interés de los actores locales. Tan solo se presentaron proyectos por el 50% de lo licitado.
Lo mismo pasa con la política de combustibles para el transporte, donde bioetanol y biogás -tremendamente importantes para el agro-- se debaten ante el desinterés de la autoridad de aplicación.
Según el experto Claudio Molina, duplicar el contenido de ambos biocombustibles tendría el mismo impacto en la reducción de emisiones de CO2 que generar 4.000 MW con eólica. En el primer caso, la inversión sería de 1.800 millones de dólares. La cuarta parte de lo que costaría levantando molinos eólicos.
La economía se está reactivando con y desde el agro. Los mercados están ofertados, hay que generar demanda. El destino energético de la agricultura no es un tema en discusión. Es una necesidad.
